La mayoría de los estados tienen leyes que requieren que los electores voten por el candidato al que se comprometieron (en casi todos los casos, el ganador del voto popular de su estado), limitando la posibilidad de “electores infieles”. (Hubo varios en 2016, pero no cambiaron el resultado final). La Corte Suprema confirmó unánimemente esas leyes este verano en Chiafalo v. Washington. Así que es una fuente de incertidumbre menos.

Una complicación posible —pero, de nuevo, sumamente improbable— sería que una legislatura estatal lograra nombrar una lista favorable a Trump y defenderla contra las impugnaciones legales, mientras el gobernador certifica una lista electoral favorable a Biden mediante el proceso normal, produciendo dos conjuntos de electores en competencia.

En ese caso, correspondería al Congreso decidir cuáles son los votantes que se contarán.

Pero “no creo que nada de esto sea probable”, dijo Paul Smith, vicepresidente de litigios y estrategia del Campaign Legal Center, un grupo no partidista sobre el derecho al voto. “En ausencia de alguna justificación realmente clara, como alguna disfunción masiva, es bastante difícil que una legislatura diga ‘acabamos de decidir que ya no nos gusta la democracia’”.

El 6 de enero, el Congreso contará y certificará los votos electorales.

En cualquier año remotamente normal, las certificaciones estatales —para el 8 de diciembre o, a más tardar, el 14 de diciembre— serían el fin de las disputas, y después de eso todo serían formalidades. Lo más probable es que eso también suceda este año.

Pero en el improbable caso de que las legislaturas estatales y los gobernadores nombraran electores en competencia, el Congreso tendría que elegir.

Algo así sucedió en 1960: el gobernador de Hawái certificó una victoria de 141 votos para Richard Nixon, pero un recuento le dio la vuelta al estado y ganó John F. Kennedy, y los resultados no fueron definitivos cuando se reunió el Colegio Electoral. Había poco en juego: los votos electorales de Hawai no influyeron en el resultado de las elecciones, que ganó Kennedy, pero el Congreso tuvo que resolver la disputa. El propio Nixon, presidiendo el Senado como vicepresidente en funciones, pidió el consentimiento unánime para contar los votos a favor de Kennedy.